Nayib Bukele logra nueva prórroga de 30 días al estado de excepción que lleva cuatro años en El Salvador
La Asamblea Legislativa aprobó la extensión número 51 con 57 votos a favor y uno en contra. El ministro de Seguridad justificó la medida ante la persistencia de condiciones que requieren mantener las facultades extraordinarias contra las pandillas.
Foto archivo.
El Salvador cumplirá cuatro años bajo estado de excepción y el gobierno de Nayib Bukele consiguió una nueva prórroga por 30 días más. La Asamblea Legislativa dio luz verde a la extensión en una votación que reflejó el amplio respaldo oficialista a la medida de seguridad.
El presidente del Parlamento, Ernesto Castro, confirmó la decisión y defendió la continuidad del régimen como una herramienta necesaria para proteger a la población. “Hemos aprobado hoy una nueva prórroga del régimen de excepción. Por la vida de los salvadoreños y por la tranquilidad de las familias en los territorios”, escribió Castro en sus redes sociales tras el conteo de votos, que terminó con 57 a favor y uno en contra.
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La propuesta fue enviada al órgano legislativo por el Consejo de Ministros. Durante la sesión, el titular de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, argumentó que “aún persisten condiciones que justifican la continuidad de las medidas extraordinarias”, según informó el diario local ‘La Prensa Gráfica’. Esta es la prórroga número 51 desde que se impuso el estado de excepción en marzo de 2022, luego de un fin de semana con más de 80 homicidios.
El diputado oficialista Caleb Navarro destacó los resultados de la estrategia impulsada por Bukele. Señaló que El Salvador pasó de ser considerado uno de los países más peligrosos del mundo a convertirse en un referente internacional en materia de seguridad. Las cifras oficiales muestran una reducción histórica de homicidios, lo que ha sostenido el respaldo popular a la medida.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos han documentado miles de denuncias por abusos y excesos cometidos por agentes del Estado durante este período. Entre las críticas más recurrentes están las detenciones arbitrarias y las violaciones al debido proceso.
El régimen de excepción faculta al gobierno salvadoreño para suspender ciertas libertades y garantías constitucionales. Esto permite desplegar militares y policías en calles y municipios con alta incidencia delictiva, además de ampliar los plazos de detención administrativa hasta 15 días. También se han reformado leyes para procesar penalmente de forma masiva a presuntos integrantes de pandillas.
Bukele y su gabinete defienden la medida como la única forma efectiva de combatir a las maras y liberar territorios bajo su control. Pese a los resultados en seguridad, analistas consideran que las sucesivas prórrogas han convertido la medida extraordinaria en un mecanismo de control social.
El respaldo ciudadano se mantiene alto: cerca del 85 % de la población apoya la continuidad del estado de excepción, según encuestas. La aprobación del presidente Nayib Bukele alcanzó el 91,9 % al cierre de 2025. En paralelo, las denuncias por violaciones a derechos humanos superan las 6.800, y el mandatario ha reconocido que al menos 8.000 personas detenidas serían “inocentes”.
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