Admiten acción popular contra Rodrigo Paz por presunta omisión ante la crisis y los bloqueos; audiencia será el 8 de junio

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió una acción popular presentada contra el presidente y tres ministros de Estado, por una presunta omisión de funciones frente a la crisis y los conflictos sociales que afectan al país.

La audiencia fue fijada para el lunes 8 de junio a las 15:00, mediante la plataforma virtual Zoom.

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La demanda fue interpuesta por Freddy Apolinar Mariscal Palle, abogado y exdirector departamental de Autonomías de la Gobernación de La Paz, quien sostiene que el Órgano Ejecutivo no adoptó medidas suficientes para garantizar los derechos colectivos de la población en medio de la actual conflictividad.

Bolivia atraviesa 34 días de conflictos sociales marcados principalmente por bloqueos de carreteras. De acuerdo con el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este miércoles se registraron 103 puntos de bloqueo en todo el país. Cochabamba concentra 32, seguida por La Paz con 21, Oruro con 18, Potosí con 15, Chuquisaca con 11, Santa Cruz con 4 y Pando con 2. Tarija y Beni no reportan interrupciones viales.

Según la resolución emitida el 2 de junio, la acción fue admitida conforme al artículo 135 de la Constitución Política del Estado y al Código Procesal Constitucional. Asimismo, se dispuso el traslado de la demanda al Presidente y a los ministros de Gobierno, Desarrollo Productivo y Economía Plural y Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que presenten sus informes antes de la audiencia.

El accionante informó que la audiencia inicialmente estaba prevista para este viernes, pero fue reprogramada para el lunes debido al feriado nacional.

Mariscal aseguró que la acción no responde a intereses políticos, sino a la defensa de los derechos de la ciudadanía.

“Quiero ser categórico en esto: esta no es una acción política; es una acción estrictamente constitucional en defensa de la gente”, afirmó.

El abogado argumentó que los habitantes de La Paz y El Alto enfrentan una situación de indefensión debido a los bloqueos y conflictos que afectan el libre tránsito, el abastecimiento y la seguridad.

“La población paceña y alteña se encuentra en un estado de total indefensión, sufriendo el atropello a su derecho al libre tránsito, a la seguridad vial, al abastecimiento y a la vida misma debido a la coyuntura de conflictividad que azota al país”, sostuvo.

La acción popular solicita que el Tribunal de Garantías ordene al Gobierno activar de manera inmediata los mecanismos legales e institucionales necesarios para restablecer la transitabilidad y la paz social. Entre las medidas planteadas figura incluso la posibilidad de declarar un estado de excepción.

“El gobierno tiene la obligación legal de garantizar el orden público y proteger a los ciudadanos. No pueden ser espectadores pasivos mientras la colectividad paga los platos rotos de la crisis”, señaló Mariscal.

El proceso fue registrado bajo el Nurej 204301311 y actualmente se encuentra radicado en la Sala Constitucional Primera de La Paz.