Alcalde de Coroico Erland Álvarez denuncia que exalcaldesa del MAS ejecutó el 72% del presupuesto en un mes

Coroico, 21 de mayo, (FmBolivia).- El alcalde de Coroico, Erland Álvarez, informó este jueves que la anterior gestión, encabezada por la exalcaldesa Elizabeth Mamani del MAS, ejecutó el 72% del presupuesto municipal en apenas un mes. El informe preliminar presentado por la autoridad muestra que hasta el 4 de mayo se ejecutaron más de 9,1 millones de bolivianos del presupuesto anual.

Hasta el 4 de mayo, la ejecución presupuestaria alcanzó los 9.180.979 bolivianos, de un techo total de 34.506.115. La cifra adquiere relevancia cuando se desglosa por periodos. Entre el 7 de abril y el 4 de mayo, la administración saliente de Elizabeth Mamani gastó 6.609.123 bolivianos.

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Esa cantidad representa el 72% de toda la ejecución acumulada entre enero y los primeros días de mayo. En contraste, entre enero y el 22 de marzo —cuando se realizaron las elecciones— se ejecutaron 2.571.856 bolivianos, el 28% restante.

“Queremos hacer mucha énfasis: desde el día siguiente de nuestra elección hasta el 4 de mayo han ejecutado seis millones seiscientos nueve mil ciento veintitrés. El 72% de toda la ejecución de los cuatro meses, solamente en un mes”, denunció Álvarez ante los medios.

El alcalde cuestionó que este gasto acelerado se haya producido cuando la exautoridad ya conocía que había una nueva administración electa. “Se ha hecho un gasto excesivo en solo un mes, cuando ellos sabían que había una nueva autoridad”, afirmó.

El director administrativo financiero, Miguel Argandoña, complementó el informe con observaciones más detalladas. Explicó que al asumir funciones el 6 de mayo se encontró con una transición que calificó como deficiente. “El informe era solo una carpeta, que no reflejaba la situación financiera real”, sostuvo.

Argandoña centró su exposición en tres puntos críticos. El primero, la realización de siete modificaciones presupuestarias por 1.194.005 bolivianos sin la autorización del Concejo Municipal. Estas modificaciones implicaban movimientos entre aperturas programáticas, una competencia que la Ley 482 asigna al órgano legislativo municipal.

“El órgano ejecutivo ha usurpado esas funciones. No era su competencia hacer esas modificaciones. Lo han hecho directamente con una resolución administrativa municipal, sin consultar al concejo”, denunció el funcionario.

El segundo aspecto tiene que ver con el incumplimiento de la Ley 1451, que obliga a realizar pagos mediante transferencia electrónica. Argandoña reveló que en la anterior gestión se emitían cheques anónimos para sueldos y se pagaba en efectivo a funcionarios y proveedores.

Tercero, denunció la falta de planillas de sueldos para personal consultor y un control horario selectivo, lo que genera dudas sobre la efectiva prestación de servicios por parte de algunos trabajadores.

La situación financiera es crítica: el municipio ya no tiene presupuesto para servicios básicos. Según Argandoña, solo se pagó el consumo de agua potable hasta marzo, y para energía eléctrica se requieren 160 mil bolivianos que no existen en las arcas municipales. “En esa situación nos han dejado”, lamentó.

El alcalde Álvarez también informó sobre el estado del parque de maquinaria pesada. Más del 90% de los equipos está en malas condiciones. Solo funciona una “gallinita”, mientras las comunidades tienen más de 20 solicitudes de mantenimiento de caminos que no pueden ser atendidas.

La movilidad oficial del Ejecutivo tampoco está operativa. En abril se gastaron 41.785 bolivianos en reparaciones, incluyendo pastillas de freno, pero el vehículo sigue sin funcionar correctamente. La autoridad señaló que actualmente utiliza un vehículo de servicio público para realizar gestiones en La Paz.

Ante este panorama, Erland Álvarez anunció medidas de austeridad. Se recortará el 20% del personal municipal y se exigirá mayor eficiencia a los funcionarios. “Ya no basta la burocracia”, sentenció.

El director jurídico del municipio informó que se instaurarán procesos administrativos contra los exservidores públicos involucrados en estas irregularidades. Se aplicará la Ley 1178 (Ley SAFCO) para determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales. Los antecedentes serán remitidos a la Contraloría General del Estado, lo que podría inhabilitar a los responsables para ocupar cargos públicos en el futuro.

Durante la conferencia, vecinos y representantes del control social respaldaron la gestión entrante. Un asistente pidió que la investigación no se limite a los primeros meses de 2026, sino que abarque toda la gestión 2021-2025 de la exalcaldesa Elizabeth Mamani. “Que se llegue al fondo”, exigió un dirigente vecinal.

El alcalde Álvarez anunció que en los próximos días se presentará un informe ampliado que cubrirá el periodo 2021-2025, no solo lo ocurrido entre enero y mayo de este año. También se prevé que el Concejo Municipal emita un pronunciamiento sobre las modificaciones presupuestarias detectadas, ya que la validez de esos ajustes depende de una decisión de ese órgano.

“Es muy triste, como coroiqueño, recibir el municipio en este estado. Es preocupante, pero tenemos la fe y la esperanza de que con trabajo y transparencia vamos a sacar nuestro municipio adelante”, concluyó Álvarez.