DS 5619 endurece el control de calidad de combustibles, pero no garantiza el abastecimiento
La nueva norma impone análisis obligatorios, laboratorios especializados y multas de hasta 200.000 UFV, aunque expertos advierten que no resuelve la falta de dólares ni la dependencia de carburantes importados.
El Decreto Supremo 5619 marca un nuevo paso en la regulación del mercado de combustibles en Bolivia al establecer mayores exigencias para la importación, almacenamiento y comercialización de gasolina, diésel y jet fuel. La norma, aprobada por el Gobierno, crea un nuevo Reglamento de Calidad de Carburantes con el objetivo de reforzar la fiscalización técnica y garantizar combustibles más seguros y eficientes.
La disposición surge en medio de denuncias por gasolina desestabilizada, presencia de sedimentos y daños mecánicos reportados por conductores y transportistas en distintas regiones del país.
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Entre las principales medidas del decreto se encuentran la toma obligatoria de muestras en diferentes etapas de la cadena de comercialización, análisis de laboratorio propios o tercerizados, instalación de sistemas de filtración en estaciones de servicio, digitalización de trámites y un régimen de sanciones que puede llegar hasta las 200.000 UFV por infracciones muy graves.
La norma también establece parámetros mínimos de calidad, como un octanaje de 85 para la gasolina especial y 91 para la gasolina súper, además de otras especificaciones físicas destinadas a evitar adulteraciones y combustibles fuera de estándar.
El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos señaló que el decreto tiene como principal finalidad “rayar la cancha” y fijar reglas claras para la importación y venta de carburantes.
“El objetivo de un mayor control técnico es positivo, porque la población necesita certidumbre sobre la calidad del combustible que adquiere”, afirmó.
No obstante, Ríos advirtió que la norma no resuelve el problema estructural del abastecimiento, debido a que Bolivia continúa dependiendo de las importaciones para cubrir una parte significativa del consumo interno.
“La fiscalización puede mejorar la calidad, pero no garantiza el abastecimiento de diésel, gasolina o jet fuel”, sostuvo.
El especialista remarcó que el principal obstáculo sigue siendo la escasez de divisas para financiar la compra de combustibles en el exterior, sumada a la caída sostenida de la producción nacional de hidrocarburos líquidos.
El decreto también instruye la creación de una red de laboratorios especializados, cuya implementación estará a cargo del ente regulador con recursos transferidos por el Ministerio de Economía. El plazo previsto para que este sistema esté plenamente operativo es de hasta dos años.
En paralelo, las estaciones de servicio deberán incorporar sistemas de filtración para retener impurezas y reducir el riesgo de contaminación en los carburantes.
Aunque el Gobierno apuesta por fortalecer la fiscalización y recuperar la confianza de los usuarios, analistas coinciden en que el DS 5619 mejora los controles técnicos, pero no garantiza por sí solo que Bolivia supere los problemas de abastecimiento de combustibles.
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