Exdiputado Amílcar Barral pide a la Justicia que ordene desbloquear por la fuerza ante incumplimiento de fallo
El accionante presentó una queja contra el ejecutivo de la COB, Mario Argollo; el senador Nilton Condori; y el ministro Marco Oviedo. Denuncia que persisten las medidas de presión, el desabastecimiento de oxígeno y la retención de ambulancias en La Paz, y solicita auxilio policial para ejecutar la resolución.
La Justicia tiene la facultad de ejecutar sus propias resoluciones usando la fuerza pública. Eso es justamente lo que el exdiputado Amílcar Bladimir Barral Cabero le pidió este lunes a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz: que ordene a la Policía despejar las vías bloqueadas ante el incumplimiento de un fallo que ya tiene casi tres semanas de emitido.
Barral Cabero presentó un incidente de queja contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo Mamani; el senador nacional suplente Nilton Condori Alanoca; y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta. El recurso señala que los demandados han desobedecido la Resolución N.º 149/2026, dictada el 15 de mayo por la propia sala constitucional.
Continúa leyendo después de la publicidad
El mecanismo que busca activar el accionante está contemplado en la ley. Según el artículo 17 del Código Procesal Constitucional, el tribunal que emitió un fallo puede ejecutarlo de manera directa disponiendo todas las medidas necesarias para hacerlo efectivo. Eso incluye comisionar a la Policía Boliviana para que intervenga. En su escrito, Barral Cabero pide que se ordene a la fuerza pública al Comando General de la Policía y al Comando Departamental de La Paz.
El exdiputado sostiene que, pese a la orden judicial vigente, los puntos de bloqueo se mantienen en La Paz y otras regiones. Esto ha provocado retención de ambulancias, desabastecimiento de oxígeno en hospitales y dificultades para transportar alimentos y medicamentos. El denunciante afirma que esta situación pone en riesgo la vida y la salud de la población, derechos protegidos por la Constitución.
En su petitorio, Barral Cabero solicita que el tribunal declare fundado el incidente y conmine a los accionados a levantar las medidas en 24 horas. Pero la petición central es que la Policía proceda a viabilizar la apertura de las vías y resguarde la circulación de ambulancias, cisternas de oxígeno, medicamentos, alimentos y combustible.
El accionante pide también que se impongan multas progresivas diarias contra el patrimonio personal de los demandados. Y que se remitan antecedentes al Ministerio Público para que se investigue el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales, tipificado en el artículo 179 bis del Código Penal.
Para respaldar su denuncia, el exdiputado adjuntó material fotográfico e impresiones de publicaciones en redes sociales y medios de prensa como prueba de que los bloqueos persisten. Citó además jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, como las sentencias SCP 0014/2018-S2 y SCP 0487/2019-S3, para fundamentar que las resoluciones constitucionales son de cumplimiento obligatorio e inmediato.
Barral Cabero, quien fue parlamentario, concluyó su presentación señalando domicilio procesal en la calle Mercado, edificio Mariscal Ballivián, y proporcionó un correo electrónico y un número de WhatsApp para notificaciones.
Continúa informándote