Fiscal ordena informe sobre captura de Mario Argollo y otros investigados por violencia en bloqueos

El Ministerio Público busca esclarecer la participación de distintas personas en los episodios de violencia que marcaron las recientes protestas y bloqueos en La Paz. Este viernes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que ordenó a la Fiscalía Departamental de La Paz un informe pormenorizado sobre el estado de cumplimiento de las órdenes de aprehensión emitidas contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y otros implicados.

La disposición judicial contra Argollo fue emitida el pasado viernes, según detalló Mariaca, y se enmarca en una investigación que también alcanza a otras personas señaladas por su presunta responsabilidad en hechos de violencia ocurridos principalmente en la ciudad de La Paz. El fiscal general lamentó que esas manifestaciones hayan derivado en enfrentamientos y desórdenes.

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De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, las órdenes de captura ya fueron entregadas a la Policía Boliviana. Es la institución policial la encargada de ejecutar los operativos mediante rastrillaje y tareas de inteligencia. Mariaca precisó que solicitó al fiscal Departamental de La Paz, Carlos Torrez, que realice un seguimiento continuo y requiera información actualizada sobre el avance en el cumplimiento de estas disposiciones judiciales.

“Seguramente se está haciendo el rastrillaje y trabajo de inteligencia para cumplir con las disposiciones y ya luego se informará al respecto tras ser ejecutada”, añadió la autoridad, dando a entender que los operativos se encuentran en curso.

En cuanto a los delitos que se investigan, Mario Argollo enfrenta una orden de captura relacionada con una presunta instigación pública a delinquir, además del posible delito de terrorismo. Ambos tipos penales son parte de la causa abierta por el Ministerio Público tras los incidentes registrados en las últimas tres semanas.

Las protestas y bloqueos en La Paz generaron una escalada de conflictos que incluyó daños a instituciones públicas, afectaciones al tránsito vehicular y problemas en el abastecimiento de productos en distintas regiones del país. El accionar de la Fiscalía responde a la necesidad de identificar a los responsables de los actos de violencia ocurridos en ese contexto.

Por el momento, no se ha reportado la ejecución efectiva de las aprehensiones. El pedido de informe del fiscal general busca precisamente conocer si las labores de inteligencia han dado resultados o si existen dificultades para localizar a los sindicados.