Senado aprueba ley de Estados de Excepción en medio de bloqueos y define marco para Policía y FFAA
La norma establece que el Presidente podrá declarar la medida por 90 días con aval de la Asamblea en 72 horas, mantiene el mando primario de la Policía y otorga patrocinio legal a efectivos excepto en casos de tortura o desaparición forzada. Pasa a Diputados.
El Senado boliviano aprobó este jueves en grande y detalle la Ley de Regulación de Estados de Excepción. La sesión se extendió durante varias horas en un día feriado y la norma ahora deberá ser sancionada por la Cámara de Diputados.
La ley se tramita mientras el país acumula más de un mes de movilizaciones y bloqueos de caminos, medidas que ya afectan el abastecimiento en diferentes ciudades.
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El texto aprobado incluye modificaciones respecto al proyecto de ley original presentado un día antes. El Presidente podrá declarar estado de excepción ante situaciones excepcionales de amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, por un periodo de hasta 90 días, con posibilidad de ampliación con aval de la Asamblea Legislativa.
En línea con la Constitución, la ley ratifica que cuando se declare estado de excepción se requerirá la aprobación de la Asamblea en un plazo de 72 horas.
La Policía mantendrá el mando primario de las operaciones de preservación del orden público. Si es superada en caso de conmoción interna, el Órgano Ejecutivo podrá disponer el apoyo extraordinario de las Fuerzas Armadas. El uso de la fuerza durante operaciones conjuntas será excepcional, diferenciado y estrictamente necesario.
La norma establece que las actuaciones de policías y militares durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad. El Ejecutivo proporcionará patrocinio legal a los efectivos que sean sometidos a proceso judicial o administrativo por actos ejecutados durante el estado de excepción.
Ese respaldo no aplicará cuando se cometan hechos arbitrarios, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni violaciones graves de derechos humanos.
La ley ahora pasa a la Cámara de Diputados para su sanción.
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