Senador Leonardo Roca acusa a ONGs de mentir para movilizar indígenas y generar crisis en Bolivia
El legislador de Libre publicó documentos que, según él, demuestran que CIPCA y otras fundaciones ocultaron informes técnicos para impulsar una marcha contra la Ley 1720. Exige investigación a las organizaciones por activismo político ilegal y financiamiento extranjero.
La Paz, 21 de mayo, (FmBolivia).- El senador Leonardo Roca, de la bancada de Libre, difundió en sus redes sociales una serie de documentos con los que busca demostrar que organizaciones no gubernamentales habrían inducido a comunidades indígenas a movilizarse bajo información falsa. La denuncia apunta directamente a la Fundación CIPCA, aunque también menciona a otras instituciones que participaron en mesas técnicas oficiales.
El parlamentario sostiene que el conflicto desatado en las últimas semanas, que incluyó bloqueos, un intento de agresión a un diputado y denuncias de violencia contra menores y adultos mayores, tuvo como detonante una mentira: que la Ley 1720 afectaba territorios indígenas. Según Roca, las propias ONGs sabían que esa afirmación era falsa.
Como respaldo, el senador compartió un extracto del informe de la Comisión de Tierra y Territorio del Senado, identificado como CITE Nº300/2024-2025. En ese documento, elaborado con insumos de la Fundación TIERRA y el CEDIB, se lee textualmente que “la afirmación de que esta ley vulnerará los derechos de las comunidades indígenas y las TCO CARECE DE FUNDAMENTO”. También se señala que las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) cuentan con un régimen especial protegido por la Constitución y la Ley 1715, el cual “NO se ve alterado por la propuesta legislativa”.
Roca añadió que el mismo proyecto de ley “se limita a regular las propiedades privadas, SIN AFECTAR los derechos territoriales de las comunidades indígenas”. Sin embargo, la movilización indígena exigía la abrogación de la norma argumentando lo contrario.
El punto más grave, según el legislador, es que las organizaciones que avalaron técnicamente el informe –donde se desmentía el riesgo territorial– habrían participado después en la redacción de un voto resolutivo que impulsó la marcha desde Pando y la provincia Vaca Díez del Beni hacia La Paz. Ese documento incluía dos demandas principales: la abrogación inmediata de la Ley 1720 por considerarla contraria a la Constitución, y el respaldo a la movilización en defensa de la tierra.
Para Roca, esto constituye una contradicción deliberada. “Les mintieron en la cara”, afirmó. “Les dijeron que les iban a quitar sus tierras. Los asustaron con una amenaza que ellos mismos sabían que no existía. Y los mandaron a marchar 800 kilómetros con una mentira como bandera”.
Además de la denuncia por desinformación, el senador cuestionó el accionar de CIPCA señalando que opera en Bolivia bajo un marco normativo que le prohibiría hacer actividad política. “Organizar marchas, redactar votos resolutivos, movilizar sectores sociales contra una ley del Estado e impulsar ultimátums de 48 horas al gobierno no es cooperación. Es activismo político directo”, escribió Roca, advirtiendo que eso viola las condiciones bajo las cuales estas entidades funcionan en el país.
El resultado de esa estrategia, añadió, es una ley abrogada por presión violenta, bloqueos, un diputado agredido, niños con discapacidad atacados y un lustrabotas de 77 años desposeído. “Todo comenzó con la mentira de que la ley afectaba territorios indígenas”, insistió.
Desde el Senado, Roca exigió una investigación contra CIPCA, Fundación TIERRA, CEDIB y otras organizaciones por su presunto rol en la fabricación de la crisis. Pidió auditar su financiamiento internacional, determinar quién pagó las movilizaciones y verificar si violaron el decreto que les prohíbe hacer actividad política en Bolivia. “Prendieron la mecha con información falsa. Usaron a los indígenas como escudo. Y cuando el país ardió, se quedaron callados”, sentenció.
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