Federación de Prensa de La Paz condena agresiones a periodistas y exige responsabilidad a dirigentes movilizados

Los actos de violencia contra trabajadores de la comunicación durante las recientes protestas y bloqueos en la ciudad de La Paz y la urbe vecina de El Alto encendieron las alarmas del gremio periodístico. La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) emitió un pronunciamiento público en el que rechaza de manera categórica las agresiones, amenazas e intimidaciones sufridas por reporteros, fotógrafos y camarógrafos que únicamente cumplían con su labor de informar a la ciudadanía.

La organización gremial señala directamente a los sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y otros grupos movilizados como responsables de una escalada de hostigamiento contra la prensa. El fotoperiodista de la agencia APG, Javier Mamani, fue agredido físicamente en El Alto por personas identificadas con ponchos rojos y mineros, mientras que su colega Mateo Rómay recibió el impacto de un petardo en el pecho cuando cubría las manifestaciones.

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Uno de los casos que generó mayor preocupación entre los defensores de la libertad de expresión es el del periodista y director del portal informativo Urgente.bo, Grover Yapura. Según los antecedentes públicos, Yapura registraba hechos de alto interés ciudadano, como la quema de una motocicleta y la agresión a una persona, cuando un grupo de manifestantes intentó impedir su cobertura mediante violencia física, intimidación y el amago de despojarle sus equipos de trabajo. “Estos hechos no son errores, sino la comisión de delitos de orden público”, enfatiza el pronunciamiento de la FTPLP.

La federación paceña recuerda que la Constitución Política del Estado, en sus artículos 106 y 107, garantiza la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio independiente del periodismo como pilares del sistema democrático. Por ello, califica los ataques documentados no como simples excesos en el marco de la protesta, sino como una vulneración grave a derechos fundamentales. Agredir a un periodista no es un daño individual: es un intento de silenciar el derecho colectivo de la sociedad a recibir información veraz y plural.

El texto institucional es claro al diferenciar la protesta social legítima de los actos violentos contra la prensa. La FTPLP sostiene que ninguna reivindicación política o sectorial puede justificar el hostigamiento a quienes cumplen una función esencial en la democracia. Por esta razón, exige a los dirigentes de las organizaciones movilizadas que asuman responsabilidad sobre las acciones de sus bases y garanticen el respeto irrestricto al trabajo de periodistas, reporteros, camarógrafos y fotógrafos, incluidos aquellos que trabajan en medios digitales.

En el plano institucional, la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz demanda al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y al resto de las autoridades competentes una investigación inmediata de los hechos denunciados. El objetivo es identificar a los responsables y aplicar las sanciones previstas por la normativa vigente, con el fin de evitar la impunidad y prevenir nuevas agresiones contra la prensa en futuros escenarios de conflictividad social.

Sin libertad de prensa, no existe democracia, sentencia la organización en su cierre, reafirmando su vigilancia frente a cualquier intento de censura, intimidación o violencia contra quienes tienen la responsabilidad de informar a la sociedad boliviana.